Zona de Azar – La Pampa – La causa del casino no tiene juez.
La causa en la que se deben investigar las presuntas irregularidades en torno a la concesión del casino de Santa Rosa, por ahora, se quedó sin juez. El juez de Instrucción y Correccional Nº 2, Carlos Besi, se declaró incompetente, según trascendió en las últimas horas. El expediente había sido derivado a su despacho por la titular del Juzgado Nº 7, Florencia Maza, quien fue la primera que se declaró incompetente por una cuestión formal, de turno.
Ahora, la Cámara del Crimen Nº 1, será quién debe resolver cuál de los dos juzgados se hace cargo de la investigación. La denuncia penal fue presentada en primera instancia por el fiscal de Investigaciones Administrativas, Juan Carlos Carola, y la fiscal Alejandra Ongaro impulsó la acción penal para que se investigue si se cometieron delitos en el proceso de licitación, concesión y adjudicación del casino.
La jueza Maza entendió que debía investigar Besi porque era el magistrado que estaba de turno cuando Carola inició la investigación administrativa, a principios de año. Besi, sin embargo, opinó que él no era competente porque se debería investigar a partir de la fecha de la denuncia penal de Carola, cuando Maza estaba de turno. Besi, además, en su resolución dijo que, eventualmente, debería investigar el juzgado que estaba de turno cuando en la década del ’90 se firmó el contrato entre el ISS y el Casino Club, según trascendió ayer.
En principio, la denuncia involucra a los ex directores del Instituto de Seguridad Social en la época del gobierno de Rubén Marín, con el ex presidente Miguel Erquicia a la cabeza. Aunque en la denuncia que presentó la FIA se sugirió que se podrían haber perpetrado los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, el diputado provincial del FrePam, Martín Berhongaray, no descartó que con el avance del caso se descubra la existencia de “coimas”.
El caso surgió a partir de una presentación que hizo en la FIA el legislador radical, que viene reclamando la clausura de la sala de máquinas tragamonedas que tiene su sede en la calle Lagos. Primero había realizado una denuncia penal, que fue archivada en mayo de este año por el fiscal penal Mauricio Piombi. Pero insistió ante el fiscal Carola.
Este funcionario no sólo avaló la postura de que la apertura de otra sala de juegos fue ilegal (el contrato habla de un solo local) sino que planteó que hubo irregularidades en la adjudicación a la firma Casino Club, del empresario Cristóbal López, porque dos elementos del contrato de concesión, la inversión comprometida y el canon, fueron ilegítimamente modificados con posterioridad a la firma del contrato.
