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Zona de Azar – Catamarca: El proceso de cesión del juego poco transparente.

Argentina Catamarca.- www.zonadeazar.com Son muchos y muy variados los elementos que permiten cuestionar la transparencia del proceso mediante el cual el Gobierno catamarqueño se apresta a ceder los derechos de explotación de los juegos de azar en el interior.
La primera inquietud surge por el apuro que se advierte por cerrar el negocio, una actitud al menos imprudente si se considera que embarcará a la Provincia en un compromiso de 30 años de duración, cuando las actuales autoridades están a punto de abandonar sus cargos, porque se termina su mandato y asumirá un nuevo gobierno.
La posibilidad de que exista alguna afinidad entre la empresa AJEST y el Gobierno no asoma como descabellada, entre otras razones porque no se encuentra fácilmente otro modo de entender y justificar la manera en que se ayudó a avanzar el proyecto, cuando lo que correspondía era rechazarlo.
La cabida que se le dio a esta iniciativa “turística”, que conlleva la instalación de casinos en Santa María, Andalgalá, Tinogasta y Ambato como si se tratara de una cuestión accesoria, plantea severas dudas.
Ocurre que la empresa postulante incumple todos los requisitos que establece la legislación aplicable (ley de administración financiera, etc) ya que por una parte no explica el proyecto agregando planos, cómputos métricos, cálculos de estructuras, memorias descriptivas de las obras ofrecidas, emplazamiento, etc. y por otra parte exhibe absoluta incapacidad económico financiera para cumplir con la propuesta, ya que la sociedad no detenta capital suficiente ni ofrece garantías de cumplimiento, tiene nulos antecedentes hoteleros y gastronómicos y escasos antecedentes comprobables en materia de explotación seria y sistemática del juego.
Es a partir de estos detalles que surge la sospecha de que existe cierta “simpatía política” de un sector del gobierno, ya que las distintas instancias del proyecto fueron superadas sin que se le formulen objeciones serias por las múltiples irregularidades detectadas. Es inevitable que aparezcan dudas, porque en concreto la propuesta original es absolutamente inviable, y ningún estamento técnico o político lo advirtió.
Lo inconcebible de este proyecto de iniciativa privada, es que el Poder Ejecutivo primero lo declaró de interés público, y luego le brindó apoyatura administrativa y asesoramiento a la empresa para que fuera corrigiendo y ordenando el expediente, producto del cúmulo de irregularidades existentes. Asombra al más desprevenido el hecho de declarar de interés público un proyecto, que luego debe tomarse más de un año para regularizar las falencias. Jamás podrían los estamentos administrativos haber asesorado o dictaminado la procedencia de la iniciativa cuando parece claro que su legalidad era dudosa. Sin ir más lejos, ¿cómo pudieron dictar un acto administrativo declarándolo de interés público si luego estuvieron más de un año esforzándose para poder enderezar el trámite?
A tal punto habían llegado las irregularidades que el Poder Ejecutivo tuvo que dictar un Decreto suspendiendo los plazos de la iniciativa, por cuanto le era imposible subsanar en tiempo y forma la cantidad de observaciones que merecía el proyecto. Con tal dilación, aparentemente lo que se lograba era darle un mayor tiempo a la empresa iniciadora “amiga del gobierno” para que pueda completar adecuadamente los innumerables vicios que contenía el expediente.
El expediente tuvo considerables demoras en el seno del Ministerio de Economía, que hicieron suponer que se habrían advertido las irregularidades, no obstante lo cual en el curso de agosto de 2010 en adelante se conformó una Comisión Evaluadora Ad Hoc, integrada por representantes de las distintas áreas, juegos, turismo, etc, y esta comisión, en lugar de proceder al rechazo del proyecto, lo que hace es comenzar a requerir que sea completado con detalles de la oferta constructiva (planos, cómputos, cálculos de estructuras, fotos, croquis, etc.) y asimismo aparece en forma absolutamente irregular una ampliación de capital de la sociedad oferente (por aporte irrevocable de los socios) que multiplica por más de veinte veces el capital de un año a otro (de 2009 a 2010).
Demasiadas casualidades como para eludir la polémica que ahora se desata.

Sin respuestas oficiales

-28/12/09 – Mediante el Decreto Acuerdo Nº 1513 del PEP se aprueba el proyecto de iniciativa privada de Alea Jacta Est S.A. (AJEST S.A.) – Boletín Nº6 – Año 2010, como proyecto definitivo, e indica un plazo de 15 días para que Turismo llame a mejora de ofertas.
– 14/07/10 – Ingresa en la Cámara de Diputados el pedido de informes de la diputada Egle Altamirano.
-16/07/10 – Se aprueba el pedido de informes en la Comisión de Industria, Comercio, Turismo y Deportes de la Cámara.
– 16/07/10 – Mediante el Decreto Acuerdo Nº 882, el Poder Ejecutivo crea una Comisión Evaluadora Ad Hoc.
– 07/09/10 – La Secretaría de Turismo no brinda detalles del proceso, y se limita a contestar que debía formularse el pedido de informes al Poder Ejecutivo.
– 16/09/10 – En su última presentación en la Cámara de Diputados, la entonces secretaria de Turismo, Catalina Krapp, fue consultada sobre el proyecto de los casinos en el interior. Se le recordó que Turismo era parte del Poder Ejecutivo y se le solicitó Expediente. Ella respondió que era difícil que se consiguiera el Expediente por cuanto la Comisión debía resguardar el secreto hasta tanto se expidiera en su tarea.

Fuente: Esquiu

Editó: @_fonta www.zonadeazar.com



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