Brasil.- 21 de Diciembre de 2023 www.zonadeazar.com [1] La Comisión de Constitución y Justicia del Senado canceló la sesión de este miércoles, en la que se habría votado la legalización de los casinos, bingos y Jogo do Bicho.
El PL 2.234/2022 fue aprobado a principios de 2022 en la Cámara de Diputados aún bajo el nº 442/91 y cuenta con el voto favorable del senador Irajá (PSD-TO) en su informe.
El texto autoriza la instalación de casinos en centros turísticos o complejos integrados de ocio, bajo el límite de un casino en cada estado y Distrito Federal, con excepción de São Paulo, que podrá tener hasta tres casinos, y Minas Gerais, Río de Janeiro. Janeiro, Amazonas y Pará, en los que el límite para cada estado es de dos casinos.
Según la propuesta, las casas de juego también podrán operar en embarcaciones marítimas y fluviales, que seguirán reglas específicas. El casino debe demostrar un capital social mínimo desembolsado de al menos R$ 100 millones y puede estar acreditado por 30 años.
La propuesta también establece reglas para el juego de bingo en formato cartón y electrónico, y permite en cada estado la acreditación de una persona jurídica por cada 700 mil habitantes para operar el juego. En este caso, las autorizaciones tendrán una vigencia de 25 años, renovables por el mismo período.
Las carreras de caballos podrán ser operadas por entidades de turismo acreditadas por el Ministerio de Agricultura, las cuales también podrán estar acreditadas para operar, al mismo tiempo, juegos de bingo y video bingo.
Según la propuesta, se crearán dos nuevos impuestos que deberán ser pagados por los operadores autorizados de juegos y apuestas: la Tasa de Inspección de Juegos y Apuestas (Tafija) y la Contribución de Intervención Económica que grava la comercialización de juegos y apuestas (Cide-Games).
La previsión es que Cide-Jogos tenga un tipo impositivo de hasta el 17% sobre los ingresos brutos de las empresas de apuestas. El proyecto también determina la implementación de un registro de personas a las que se les impedirá realizar apuestas e ingresar a las casas de juego; crea la Política Nacional de Protección de Jugadores y Apostadores; y proporciona directrices para prevenir y combatir el lavado de dinero.
En su informe, Irajá calificó de “concepto jurídico indeterminado” el atentado contra la moral y las buenas costumbres, utilizado como argumento contra el juego, y destacó que el proyecto busca trasladar al control estatal una práctica que hoy constituye un delito menor.
Citando estadísticas sobre el mercado de apuestas legales o ilegales, Irajá concluye que “el juego ya constituye una actividad económica relevante”. El relator rechazó las enmiendas ofrecidas por los senadores y ofreció una enmienda de redacción reemplazando las menciones de “Ministerio de Economía” por “Ministerio de Finanzas”.
Con el fin de los trabajos legislativos, la discusión del asunto en la Comisión de Constitución y Justicia del Senado quedará hasta el regreso de los parlamentarios en febrero, cuando, tras ser votado en la CCJ, deberá pasar al Pleno.
Editó @_fonta [2] www.zonadeazar.com [1]