Brasil- 18 de Octubre de 2023 www.zonadeazar.com [1] La inminente regulación de las apuestas deportivas en Brasil genera análisis y debates sobre varios factores que rodean esta actividad.
Uno de los temas relevantes en este contexto es la protección de datos, analizado en este artículo por Maria Luiza Jobim, experimentada abogada asociada de Maia Yoshiyasu Advogados.
Actualmente, parece innegable que la regulación de las Apuestas de Contrapartida (AQF) en eventos deportivos es inminente en Brasil.
La regulación del juego en sentido general está plasmada en el infame Proyecto de Ley 442/1991, aprobado en la Cámara de Diputados y actualmente pendiente de análisis por el Senado Federal, donde fue numerado como PLS 2.234/2022, y su proceso de aprobación aún está en curso. no ha sido definido.
En concreto, el microsistema legal AQF aún necesita sistematización, pero debería ser más corto que el marco legal para los juegos, ya que el AQF ya está autorizado, o mejor dicho, legalizado. La regulación, que pudo haber sido dictada mediante Decreto en el gobierno anterior, parece haber sido sustituida o modificada preliminarmente por un nuevo Proyecto de Ley (PL 3.626/2023) y/o por una Medida Provisional (MP 1.182/2023), ambas están pendientes de aprobación. En el primer caso, espera la consideración del Senado Federal y, en el segundo, del Congreso Nacional.
Los principales elementos definitorios para comprender la irradiación de efectos en el ámbito de la protección de datos son lo dispuesto en el artículo 29, § 1, de la Ley nº 13.756/2018, que caracteriza las apuestas deportivas como (i) modalidad de lotería; (ii) que impliquen apuestas sobre eventos deportivos reales; (iii) donde, en el momento de realizar la apuesta, se define cuánto puede ganar el apostante en caso de acertar la predicción.
La misma ley también establece que “ las acciones de comunicación, publicidad y marketing relativas a loterías de apuesta fija se ajustarán a las normas del Ministerio de Hacienda, fomentándose la autorregulación” (artículo 33) y que “la persona jurídica titular de la autorización deberá proporcionar al Consejo de Control de Actividades Financieras (COAF), de conformidad con las normas que dicte el Poder Ejecutivo, información sobre los apostantes relacionada con la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo ” (artículo 35).
Por otro lado, la conocida Ley General de Protección de Datos, Ley N° 13.709/2018, o simplemente LGPD, coincidentemente del mismo año que la ley AQF, tiene como objetivo “proteger los derechos fundamentales de libertad, privacidad y libre desarrollo” . de la personalidad del individuo (artículo 1, in fine). ”
La obligación de recopilar datos mínimos de los apostadores puede ser ampliamente aceptada hoy en día, pero no siempre fue así. En el pasado, durante la regulación del bingo, se aprobaron una tras otra numerosas leyes para abordar cuestiones que necesitaban mejoras para hacer la actividad sostenible. Tras la famosa Ley Zico, la Ley Pelé, que, entre otros muchos puntos, autorizaba el funcionamiento del bingo por parte de los estados federados, preveía en su proyecto original la recogida de datos de los apostadores de bingo. Los apartados 2 y 3 del anterior artículo 71, que trataban de este punto, fueron vetados por “ violación de la intimidad de los ciudadanos ”.
Tal entendimiento es ahora inaceptable, ya que socava fundamentalmente la capacidad de cumplir con los deberes antes mencionados relacionados con la responsabilidad social, la responsabilidad corporativa, el juego responsable y la prevención del delito. Sin embargo, cualquier dato exigido al apostante deberá ahora estar justificado, motivado, fundamentado jurídicamente y adecuadamente protegido (LGPD, artículos 6 y 7). Ésta es la diferencia significativa que impone la LGPD a los agentes encargados del tratamiento de datos. En lugar de prohibir el uso, garantiza el cumplimiento de una serie de principios, entre los cuales la finalidad (de uso) es sólo la puerta de entrada (LGPD, Art. 6).
Es claro que, al inicio de las operaciones, pueden surgir una serie de incertidumbres respecto de la cantidad de datos personales que serán requeridos, permitidos y proporcionados al titular. Ambos temas –AQF y protección de datos personales– son recientes en el ordenamiento jurídico nacional, pero no en sus propuestas (especialmente cuando se considera el AQF como una modalidad de lotería en casos excepcionales). Requieren que autoridades de distintas ramas del derecho tengan un conocimiento específico de las apuestas deportivas y, más importante, del ecosistema en el que se promueve la actividad, a riesgo de asignar responsabilidades incompatibles con su real desarrollo y sostenibilidad. En el caso de la Unión Europea, no es de extrañar que el primer Código de Conducta sectorial en materia de protección de datos se introdujera en 2020 precisamente para la industria del juego.
Hasta que esta coordinación se implemente y se exprese, es esencial, sin embargo, que los operadores estén preparados para desarrollar planes de acción en ausencia de reglas claras, ya que la apretada agenda de la Autoridad Nacional de Protección de Datos (ANPD) seguramente impedirá hablar con anticipación sobre el asunto.
Por lo tanto, será fundamental crear canales de comunicación no sólo entre los agentes procesadores y los titulares de los datos (ya que esto no es una opción, sino una obligación), entre el sector regulado, el regulador y la ANPD (según incluye la LGPD, artículo 55- J, § 3), sino también dentro del propio sector en busca de mejores prácticas.
Como en el caso de la publicidad responsable que se refiere a fomentar la autorregulación, es inevitable que, en el caso de la protección de datos, la regulación vaya de la mano de la autorregulación, en lo que se ha dado en llamar autorregulación regulada o co- regulación.
La industria ya ha demostrado una voluntad real de trabajar para lograr este objetivo. Sólo este año fueron creadas al menos tres entidades representativas del sector, como el Instituto Brasileño de Juego Responsable (IBJR), la Asociación Brasileña para la Defensa de la Integridad Deportiva (ABRADIE) y la Asociación Nacional de Juegos y Loterías (ANJL). con el objetivo de brindar insumos sólidos para la regulación sectorial del gobierno federal.
En la búsqueda de la eficiencia, es imperativo que comencemos a considerar las mejores prácticas, compartirlas y difundirlas en todo el sector. De esta manera, no sólo podremos aumentar la seguridad jurídica de los operadores, sino también permitir que la ANPD cumpla su misión de promover “una mayor eficiencia y el buen funcionamiento de los sectores regulados ” (LGPD, Art. 55-J, § 3) – y esto ciertamente incluye las actividades de apuestas deportivas.
María Luiza Jobim
Maia Yoshiyasu Advogados
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