EE.UU.- 20 de Octubre de 2023 www.zonadeazar.com [1] El Departamento del Interior (DoI) ha presentado la respuesta del gobierno a la solicitud de West Flagler Associates de permanecer en el caso de apuestas deportivas de la Corte Suprema de EE. UU., en espera de una petición formal para revisar el caso, conocida como auto de certiorari.
La presentación – que era ampliamente esperada por los comentaristas legales – expone el argumento del gobierno por el cual la Corte Suprema de Estados Unidos no debería conceder una suspensión.
Tal orden impediría a la tribu Seminole relanzar las apuestas deportivas en todo el estado a través de su pacto con Florida , al menos hasta que el asunto se resuelva en los tribunales. Esto anularía la sentencia impuesta por el Circuito DC, que optó por no conceder la suspensión .
La semana pasada, el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, concedió una suspensión temporal . Sin embargo, ahora la pregunta es si será permanente.
El caso se refiere a si el DOI tenía la autoridad para aprobar el pacto de juego de los Seminoles con Florida. Según el acuerdo, las apuestas realizadas fuera de tierras indias debían enviarse a través de servidores tribales. A esto se le suele denominar modelo de “eje y radio”.
En la petición de West Flagler, argumentó que el pacto viola varias leyes federales, así como la cláusula de igualdad de protección de la constitución. También se comprometió a presentar su recurso de certiorari a más tardar el 20 de noviembre.
Los federales exponen su caso
El caso del gobierno federal, firmado por la procuradora general Elizabeth Prelogar, argumentaba que era poco probable que la Corte Suprema concediera un auto de certiorari.
Para que el tribunal opte por una suspensión debe estar convencido de que existe una “probabilidad razonable” de que cuatro de los nueve jueces concedan la orden y cinco votarían a favor de la petición de West Flagler.
Prelogar también argumentó que el pacto no viola el texto de la Ley Reguladora del Juego Indio (IGRA), la ley federal que estableció el marco para el juego indio.
También dijo que el pacto no infringía la Ley de aplicación de la ley de juegos de azar ilegales en Internet (UIGEA) de 2006 ni la cláusula de protección igualitaria.
El gobierno también argumentó que West Flagler no demostró el “daño irreparable” que sería necesario para continuar con el caso.
La pelea en los tribunales estatales
Por otra parte, West Flagler también está impugnando el pacto ante la Corte Suprema de Florida .
En el caso, argumenta que el gobernador Ron DeSantis y la legislatura no tenían la autoridad para autorizar el pacto debido a la prohibición constitucional del estado de una expansión de los “juegos de casino” sin la aprobación de los votantes en un referéndum.
El autor de la enmienda constitucional, la organización sin fines de lucro anti-juegos No Casinos, presentó un escrito amicus curiae apoyando el argumento de West Flagler .
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