Zona de Azar – Mexico – Juegos – Sorteos – Conflictos Sin Regulación.

* Juegos y sorteos, conflictos.
* Sin transparencia o regulación.

En medio de la reorganización del sector público central,
el área de juegos y sorteos parece ausente de las
prioridades. Por tanto, la solución de conflictos en uno de
los temas más sensibles se torna casi un juego de azar: la
judicialización y la componenda para resolver diferendos.

Varios litigios judiciales que involucran el tema de juegos
y sorteos pudieran salirse pronto de los cauces
institucionales y convertirse en conflictos políticos. Pero
sobre todo, han revelado la ineficacia del área
correspondiente en la Secretaría de Gobernación y sobre
todo en la oficina encargada de supervisar los juegos y
sorteos.

Este vacío de regulación ha permitido no sólo la
proliferación de casas de juego y sorteos que han eludido
la ley y que funcionan casi como casinos, sino también en
la apertura de casas de juego con tráfico de permisos en
litigio. La Dirección General Adjunta de Juegos y Sorteos
de Gobernación tiene facultades para clausurar locales,
“abiertos o cerrados, en que se realicen juegos prohibidos
por la ley” y que carezcan de los permisos
correspondientes, pero cada día aparecen nuevos negocios de
juegos de azar.

En el próximo periodo de sesiones de la Cámara va a
reabrirse el tema de la apertura de casinos como una forma
de contribuir a la dinamización del sector turístico. A
pesar de las suspicacias, la industria de los juegos y las
apuestas se aparece como una fórmula para consolidar el
sector. Sin embargo, se requiere primero que se regularice
el funcionamiento de esas empresas. Y para ello ha
comenzado a circular en el ambiente legislativo la
necesidad de crear una especie de comisión reguladora de
los juegos y las apuestas.

El problema actual radica en la inseguridad jurídica. El
traslado de los diferendos al Poder Judicial es producto de
la ausencia de una política clara y de reglamentos
específicos que involucren a los tres niveles de gobierno.
Al final, se ha preferido la opacidad en el funcionamiento
de casinos y palenques con casas de apuestas que escapan al
control de las autoridades y que sólo han multiplicado los
casos de corrupción gubernamental.

La falta de reglas claras ha llevado al tráfico de
permisos. Un caso puede estallar pronto: el litigio en
tribunales en la compraventa de acciones de la empresa
Comercial de Juegos de la Frontera SA. Ahí se dio un
esquema de doble venta de acciones, primero en 2002 a
Miguel del Río Liquidano y luego en 2003 a Inmobiliaria
JRB, Tomás Tarín Pérez y Proyectos Inmobiliarios Atizapán.
De por medio hay un documento con firmas falsificadas en el
segundo contrato.

La falta de reglas claras ha enredado el caso. Un juez
determinó que el contrato de Del Río tiene validez
jurídica, pero dos magistrados han argumentado que el
segundo contrato también es válido a pesar de la existencia
de una firma falsificada. En medio del asunto hay un amparo
que no ha sido cumplido. Varias oficinas judiciales han
caído en constantes contradicciones dignas del Poder
Judicial mexicano: magistrados del Tribunal Superior de
Justicia del DF desconocieron el primer contrato a pesar de
que el segundo reconoce expresamente la vigencia y validez
del primero. Pero los socios de la inmobiliaria -Francisco
Javier Rodríguez Borgio y Tomás Tarín Pérez- han abierto
centros de captación de apuestas Big Bola al amparo del
permiso en litigio, sin que la autoridad gubernamental
ponga coto a esta irregularidad.

Entre vacíos, falta de regulación y oficinas
gubernamentales bastante pasivas ante la proliferación
irregular de las casas de juego y apuestas, el sector de
los juegos de azar ha ocupado espacios sociales y
económicos importantes. La posibilidad de explotar esa rama
del turismo podría aumentar no sólo el trabajo de jueces y
magistrados, sino la multiplicación de litigios por la
irregularidad en la que funcionan actualmente esos
negocios.

Este caso toca la parte central de la actual legislación:
las leyes señalan que sólo podrán “realizarse, operarse u
organizarse juegos con apuestas y sorteos previo permiso
por escrito expedido por la Secretaría de Gobernación. Y
justamente el juicio de Comercial de Juegos de la Frontera
tiene que ver sobre la validez del permiso otorgado por las
autoridades. Por tanto, no se trata de un asunto entre
particulares.

La Ley Federal de Juegos y Sorteos data de 1947 y apenas en
2004 se aprobó el reglamento de la ley. Pero aún así,
existen vacíos normativos que son aprovechados por empresas
irregulares que operan a base de amparos o por algunos
casinos disfrazados de juegos de destreza para eludir el
concepto de azar. La autoridad tiene la obligación de
atender estos problemas porque a la larga se convierten en
espacios de abuso contra los consumidores.

El perfil social y político del problema de las casas de
juegos y apuestas no ha convencido a las autoridades. La
intención de reciclar la propuesta turística de la apertura
de casinos debe de ir precedida por la creación de
organismos reguladores y una mayor atingencia en las
oficinas existentes. Sin regulación, la industria de juegos
de azar va íntimamente asociada con la criminalización y
corrupción envolvente.

Fuente: Terra Mexico