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Zona de Azar – España – Se legalizarán las apuestas ‘online’. Bwin y Cirsa parten como claras favoritas.

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Que Bwin, una de las principales casas europeas de apuestas en Internet, ha ido ampliando su red de contactos e influencia en España en los últimos tiempos, es un secreto a voces. También que el patrocinador del Real Madrid lleva más de tres años negociando con el Gobierno –y con alguna que otra comunidad autónoma­– para regularizar su presencia en nuestro país. El objetivo de sus directivos siempre ha sido forzar un cambio en la legislación, que ha de pasar necesariamente por la privatización de Loterías y Apuestas del Estado (LAE), de cuya mano vendrá la concesión de las dos primeras licencias para operar en el mercado online.

Fuentes del sector han confirmado a LA GACETA que, tras la aprobación el pasado mes de noviembre de las controvertidas disposiciones adicionales 32 y 34 a los Presupuestos Generales del Estado para 2010, ya no hay más excusas para seguir retrasando los trabajos. Unos trabajos que también tienen en vilo a Cirsa, mucho mejor posicionada en principio que su competidora Codere, para hacerse con “la licencia obligatoriamente española” en ese reparto del pastel inicial, que arrojó una cifra de negocios de 75 millones de euros en 2008. Porque la tarta de verdad llegará en una segunda fase, donde hay en juego la friolera de 30.000 millones de euros. Ése es el precio que maneja el Gobierno a la hora de valorar la enajenación de la que es, sin duda, la joya de la Corona.

Si el Tesoro recaudó en 2008 –el último año del que se tienen datos– 2.900 millones de euros por la Lotería Nacional, qué menos que multiplicar esa cifra por 10 ejercicios para desprenderse de tan rentable fuente de ingresos. “Cuando en 2007 la consultora McKinsey calculó en 17.000 millones de euros el valor de LAE de cara a su posible salida a Bolsa, el sector consideró que aquel montante se quedaba francamente corto”. Quien así habla es una voz muy autorizada de la industria nacional del juego, que prefiere permanecer en el anonimato ante “la incertidumbre que generan las últimas maniobras del Ejecutivo socialista”.

Entre ellas, cabe destacar la reciente aprobación de siete nuevos juegos solicitados por la ONCE (cinco rascas y dos lotos rápidas) con el objetivo de que la Organización no torpedee sus planes privatizadores. Ya el pasado 26 de septiembre de 2009, el Consejo de Ministros daba luz verde a un amplio paquete de medidas que autorizaba a la ONCE a crear nuevas redes (tanto físicas como virtuales) y nuevas sociedades con operadores del ámbito de la Unión Europea.

Esa revisión al completo del acuerdo de febrero de 2004 trajo como consecuencia que la dirección –encabezada por su presidente, Miguel Carballeda– comunicara a sus 22.000 vendedores su interés por empezar a vender algunos juegos en restaurantes, bares y cafeterías, lo que provocó dos manifestaciones de protesta en Madrid y otra más en Bilbao.

El borrador, en verano

Laura Guillot, consultora de referencia en el sector, considera que el Gobierno debería tener listo un primer borrador para el próximo verano. En declaraciones a este diario, afirma: “A mediados de 2011 podríamos ver el proyecto de ley, de manera que la norma entraría en vigor, como pronto, a finales de 2011 o principios de 2012”. En su opinión, se ha elegido como paradigma la regulación italiana, “aunque tampoco se desdeñan los cambios normativos recién introducidos en Francia”.

En lo que a las comunidades autónomas respecta, Guillot considera “que las conversaciones aún están muy verdes. El pasado 13 de enero se reunió la Comisión Sectorial del Juego para analizar el nuevo reparto de la fiscalidad y no se llegó a ningún tipo de acuerdo todavía”. Pese al secretismo que envuelve todas estas conversaciones, el Ejecutivo sí que ha dado el paso de reconocer que está hablando con las autonomías para que participen en los impuestos que gravarán las apuestas online.

En esa reunión de hace un par de semanas se dieron cita representantes de los Ministerios de Hacienda e Interior (el juego depende de este último por su posible vinculación con actividades ilegales); de las 17 regiones –más las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla– y de LAE. En total, cerca de medio centenar de interesados en la regulación del sector.

LA GACETA fue el primer medio de comunicación que adelantó las intenciones de Zapatero de privatizar la Lotería Nacional. El pasado 28 de octubre –sólo una semana después de nuestra salida al mercado– publicábamos la noticia en el contexto de un déficit público asfixiante (podría superar el 10% del PIB a cierre de 2009), como una de las pocas salidas que le quedaban –y le quedan– al Gobierno para hacer caja. Por aquel entonces, los propietarios y empleados de las 4.000 administraciones repartidas por el conjunto de la geografía española, aún tenían la esperanza de que el PSOE perdiera la votación para incluir en la Ley de Presupuestos de este año dos disposiciones adicionales llamadas a dar al traste con el modelo de ventas vigente, toda vez que “los establecimientos de toda la vida” pasarían a regirse por derecho privado. No fue así; los socialistas consiguieron que dichas disposiciones salieran adelante confirmando los peores temores del sector.

Igual que en octubre, este diario ha intentado sin éxito conocer de primera mano el punto de vista, tanto del secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, como del director general de LAE, Gonzalo Fernández. Ni el uno ni el otro quieren que se difunda lo que se traen entre manos. Menos todavía qué operadores nacionales o extranjeros están interesados en hacerse con las loterías españolas. Bwin o Cirsa, por su parte, también prefieren por ahora mantenerse en un discreto segundo plano. Lo que nos confirman las fuentes de absoluta solvencia referidas, es que “ni a Zapatero ni a Salgado les incomoda acabar con el juego público, que en España representa el 40% del mercado, frente al 20% de los países de nuestro entorno.”

“Cierra los ojos, sueña, todo es posible” (…) “un mundo transparente en el que puedes confiar…”. Así reza el último spot televisivo de LAE. ¿Transparente, dicen?

Fuente: La Gaceta Economica



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