Tierra del Fuego.- 04 de Agosto de 2020 www.zonadeazar.com [1] Legisladores del Partido Verde ingresaron a la Cámara un pedido de informes al Ejecutivo, para que explique qué área es autoridad de aplicación de la ley provincial 1269 que crea el programa provincial de Financiamiento Médico Asistencial de Pensiones Especiales (RUPE) destinado al financiamiento de la asistencia médica otorgada a los beneficiarios.
La Ley establecía que era ámbito de la Secretaría de Coordinación de Políticas para personas con discapacidad, dependiente de Desarrollo Social; pero cambios producidos por imperio de la ley de Ministerios, convirtieron el área en Secretaría de Atención a Personas con discapacidad y Adulto Mayor, dependiente del Ministerio de Salud.
El fondo que generó el pedido de los legisladores, se conforma por los aportes derivados de las deducciones del 2, 5% de los premios pagados por la Quiniela Oficial Fueguina (de la Ciudad, de la provincia de Buenos Aires y Córdoba.
Y deben ser depositados en una cuenta corriente especial de afectación específica en el Banco de la provincia de Tierra del Fuego, siendo parte del cálculo de recursos de Presupuesto General de la Provincia.
El Instituto Provincial de Regulación de Apuestas (IPRA), es agente de retención del porcentaje y debe entregar dicho importe en los plazos establecidos en la reglamentación, debiendo transferir la totalidad de la recaudación a la cuenta creada por el fondo.
En el proyecto que lleva la firma de Victoria Vuoto y Laura Colazo, las legisladoras indicaron que, con fecha 12 de junio de 2019, el IPRA en su sede de la ciudad de Ushuaia, hizo entrega de un cheque de pesos 883 mil a la Secretaría de Coordinación de Personas con Discapacidad, destinado a financiar las prestaciones médicas que establece la ley provincial 1269.
“No se ha tenido otra información al respecto, no se sabe si el Poder Ejecutivo ha realizado las adecuaciones presupuestarias necesarias para el cumplimiento de la mencionada ley, ni qué área es la autoridad de aplicación de la misma de acuerdo a la nueva Ley de Ministerios presentada por el actual gobierno de la provincia”, señalan en su pedido.
Por todo ello, piden que el Ejecutivo “informe las acciones llevadas a cabo conjuntamente por la Secretaría de Atención a Personas con discapacidad y Adulto Mayor (antes Secretaría de Coordinación de Políticas para personas con Discapacidad) con el IPRA para la elaboración del informe trimestral que prevé la ley provincial 1269 en su artículo 5 desde la sanción de la misma, hasta la actualidad”.
Además, piden saber “el motivo por el cual no se han remitido al Poder Legislativo en el tiempo y forma los informes mencionados en el inciso anterior, tal como lo prevé el artículo 5 de la ley 1269 y cuáles han sido las Adecuaciones presupuestarias necesarias realizadas por el poder Ejecutivo provincial para el cumplimiento de la ley”.
Por último, solicitaron “la reglamentación que se encuentran siguiendo a fin de dar cumplimiento efectivo a lo establecido por ley provincial”
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