Zona de Azar Chile – Chile: Tragamonedas la Trama Oculta de un Negocio de US$630 millones
Chile.- 01 de Octubre de 2018 www.zonadeazar.com El 20 de agosto, el Senado aprobó la idea de regular el millonario negocio de los tragamonedas. El férreo lobby con que arremetieron desde 2013 sus protagonistas agrupados en la FIDEN, rindió frutos. Allí tuvieron un aliado clave: Francisco Javier Leiva, ex superintendente de Casinos y cerebro de la estrategia del gremio para legalizar una actividad con ganancias por sobre las de los casinos autorizados.
Poco les duró el triunfo: el 22 de agosto, la PDI los allanó por presunto lavado de activos. CIPER indagó en la expansión sin freno de un negocio que explotó vacíos legales y creció en complicidad con municipios que vieron en los tragamonedas una fuente de ingresos extra para sus arcas.
Francisco Javier Leiva Vega (55 años)(Foto) es reconocido en la industria del juego y las apuestas como uno de los que más sabe de casinos en Chile. Trayectoria tiene de sobra. En febrero de 2005 fue designado titular de la recién creada Superintendencia de Casinos y Juegos (SCJ) donde se mantuvo por siete años. Ningún otro superintendente ha durado tantos años en el cargo.
Francisco Javier Leiva
El rol de Leiva no fue cualquiera. Al ingeniero industrial le correspondió diseñar la institucionalidad que daría paso a la construcción y apertura de 17 nuevos casinos de juego, luego de la entrada en vigencia de la Ley 19.995. Bajo su mandato, la SCJ redactó las bases de licitación, adjudicó los proyectos y vigiló la construcción de más de una quincena de casas legales de apuesta en 11 regiones del país.
No solo experiencia cosechó Francisco Javier Leiva en su dilatada estancia en la superintendencia del rubro. También redes y poder: tejió una potente malla de contactos en el país y Sudamérica, y llegó a manejar al detalle la normativa sobre juegos en Chile y otros países de la región. Lo permitido y lo prohibido por la legislación. También conoció sus vacíos.
Leiva dejó la superintendencia el 31 de mayo de 2012. Solo diez meses después, en marzo de 2013, cruzó la vereda y se convirtió en asesor estrella de una de las mayores jaquecas de la SCJ: la asociación gremial de operadores de máquinas tragamonedas de barrio, FIDEN.
El gremio –que desde 2003 reúne a los pesos pesados de una industria informal con miles de locales de máquinas en más de 80 comunas–, amasa desde hace años un mega negocio que se ha expandido sin control, entre vacíos legales y al margen de toda regulación.
Leiva fue fichado por la FIDEN para un objetivo preciso: elaborar una propuesta normativa con la que el gremio arremetió sin tregua y desde 2013 ante autoridades de gobierno, parlamentarios y alcaldes para buscar su legalización. El agresivo lobby desplegado por la asociación de propietarios de máquinas tragamonedas, tuvo desde entonces –y hasta hoy– a Francisco Javier Leiva como cabeza de playa.
Quienes conocen las gestiones de Leiva para la FIDEN, cuentan que él fue el “ideólogo” del concepto de máquinas de juego programado, cemento con el que el gremio ha construido la tesis de que los tragamonedas que operan en casi todas las regiones del país no son de azar, sino de habilidad o destreza. El Código Penal castiga con cárcel a quienes exploten juegos de azar fuera de los lugares permitidos por ley.
Para la actual superintendenta de Casinos y Juegos, Vivien Villagrán, la discusión sobre si son máquinas de azar o destreza es mañosa. “No es más que un voladero de luces para distraernos de lo sustancial: son máquinas que reciben y entregan dinero”, indicó a CIPER.
Tras años de intensas disputas con la Contraloría y la propia superintendencia del ramo –que con distintos instructivos ha intentado infructuosamente frenar la actividad–, el 20 de agosto la FIDEN logró su primera conquista. La Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización del Senado, aprobó la idea de legislar una regulación para el funcionamiento de su negocio.
Poco les duró la alegría. Dos días después, el 22 de agosto, oficinas de la FIDEN fueron allanadas por la Brigada de Delitos Económicos de la PDI por instrucción de la Fiscalía Oriente, la que indaga un presunto lavado de activos que incluiría al menos cohecho como delito base. Poco después, también se allanaron los domicilios de los directivos del gremio y de dos de sus lobistas principales: Pablo Zalaquett y el propio Leiva (ver artículo de La Tercera).
MILLONARIO POZO EN DISPUTA
Como superintendente de Casinos, Francisco Javier Leiva fue protagonista de primera línea de la preocupación de los principales controladores de esa industria por la fulminante proliferación de tragamonedas en Chile. Desde al menos 2010 venían advirtiendo que esa explosión colisionaba de frente con sus intereses. La bolsa de dinero que genera anualmente el negocio de los tragamonedas alcanzaría los US$630 millones, según datos de la propia FIDEN: US$174 millones por sobre los ingresos que tuvieron en 2016 los casinos regulados por la SCJ.
El registro de varias de las audiencias que sostuvo Leiva mientras fue la autoridad fiscalizadora de casinos, indica que compartía esa preocupación. “Cualquier máquina que reciba apuestas en dinero y pague premios en dinero o en especies canjeables en dinero solo puede operar legalmente al interior de un casino de juego”, fue la respuesta que dio Leiva en julio de 2011 a dos abogados que le pidieron audiencia para conocer su postura sobre el tema.
Ya fuera de la SCJ, las opiniones de Leiva fueron más radicales aún. Dejó en claro –y por escrito– que ni siquiera con un cambio de legislación los tragamonedas de barrio podrían funcionar. En carta enviada a El Mercurio en diciembre de 2012 indicó:
“Se debe tener claro que, con cualquier regulación correctamente elaborada, ninguna de las actuales máquinas que están en las calles podría operar”.
En marzo de 2013 y solo cuatro meses después de haber disparado directo al corazón del negocio de la FIDEN, el ex superintendente Leiva apareció como asesor y lobista de ese gremio.
El súbito aterrizaje del ingeniero industrial en la FIDEN sorprendió a los actores de la industria de casinos. Todos ellos habían visto cómo Leiva había logrado construir una sólida y ascendente carrera con proyección internacional en el rubro.
Altos ejecutivos de la industria coinciden en que la estrategia seguida por la FIDEN trazó la misma ruta que siguió el gremio de propietarios de tragamonedas en Perú, país referente en la materia y que desde 1999 cuenta con una ley que regula esa actividad.
-Se instalaron en completa informalidad, se expandieron sin freno y cuando ya era evidente que por el volumen del negocio que habían consolidado resultaba un problema para las autoridades desmontar la actividad, presionaron de la mano de lobistas y connotados abogados para pasar a la legalidad -indicó a CIPER un gerente de casinos.
Pese a haber fichado como asesor estratégico de un gremio históricamente en pugna con la Superintendencia de Casinos y Juegos, en 2016 Francisco Javier Leiva postuló por Alta Dirección Pública a un segundo periodo como superintendente de la SCJ. Aunque Leiva no resultó electo -y a pesar de mantenerse como asesor de la FIDEN- sus credenciales en la superintendencia del rubro lo ubicaron en la terna final de candidatos.
Versiones recogidas por CIPER entre los protagonistas de este negocio, indican que en esos momentos se estaba negociando una tregua entre los controladores de casinos y la FIDEN. El chocolate que se ofrecía a los dueños de casinos era que, a cambio de la luz verde para la regulación de los tragamonedas, ellos tuvieran una parte de ese negocio. Si Francisco Javier Leiva era elegido superintendente de la SCJ, podía hacer expedita esa vía.
En los últimos 15 años y a vista de autoridades de gobierno y parlamentarios, el lucrativo negocio de los tragamonedas creció sin cortapisas en prácticamente todas las regiones del país: en negocios de abarrotes, panaderías y cibercafés. Hasta su expansión a través de miles de locales especialmente habilitados para el juego. Esa fulminante escalada fuera de control, atrajo a nuevos inversionistas, todos ellos contaron con un inmejorable aliado: decenas de municipalidades vieron en la explotación de tragamonedas un caudal de ingresos extra para sus arcas.
NEGOCIO REDONDO
Desde hace más de una década, ha recaído en las municipalidades la decisión de autorizar o denegar las patentes comerciales para el funcionamiento de tragamonedas en sus comunas. Para permitir su explotación, los municipios deben “formarse la convicción” de que no sean máquinas de azar, sino de destreza y/o habilidad. Así lo indica un dictamen de Contraloría de 2014.
Pero esa “convicción” no debe ser arbitraria. La SCJ instruyó a los municipios que las patentes para tragamonedas debían estar avaladas por peritos o laboratorios validados por la propia superintendencia. La instrucción, hasta ahora, ha sido letra muerta y nadie la ha hecho cumplir.
¿La razón? Un vacío legal. La superintendenta Villagrán lo explicó a CIPER: la ley no faculta a la SCJ para fiscalizar los locales de tragamonedas, por lo que su radio de acción solo se circunscribe a los casinos legales.
-Aunque estuviéramos mandatados por ley, sería imposible hacerlo. A nivel nacional tenemos solo 13 fiscalizadores –afirmó a CIPER Vivien Villagrán.
A falta de regulación y fiscalización, la interrogante es cómo los alcaldes se “formaron la convicción” de que las máquinas que autorizaban para funcionar en sus comunas eran de destreza y no de azar. CIPER revisó decenas de permisos para el funcionamiento de tragamonedas en Santiago y regiones, y descubrió la trampa: decenas de municipios permitieron la instalación de cientos de tragamonedas solo teniendo a la vista informes de peritos cuya única acreditación era ser pagados por los propios solicitantes de la patente.
Vivien Villagrán
Hasta 2016 nadie puso reparo a esos peritajes. En diciembre de ese año, la Contraloría se alineó con la SCJ y exigió a los municipios que para verificar que las máquinas de juego no fuesen de azar, solo consideraran informes emanados de peritos validados por la superintendencia. La FIDEN judicializó el dictamen. La Tercera Sala de la Corte Suprema debe resolver en estos días la pugna que involucra un millonario negocio.
Litigan en favor de la FIDEN en esa causa los abogados Francisco Zúñiga Urbina –socio del ex ministro de Justicia Jaime Campos (Zúñiga Campos Abogados)– y Marcelo Castillo Sánchez, uno de los abogados de Patagonia sin Represas y ex asesor legal de la Municipalidad de El Bosque. Castillo, cercano a Guido Girardi, también ha fungido como lobista de la FIDEN, precisamente ante autoridades del municipio donde fue asesor. En mayo de 2017 concurrió a la Municipalidad de El Bosque junto a los máximos directivos del gremio para agilizar una ordenanza que regule el negocio de los tragamonedas. Era una reunión importante: El Bosque, con 987 tragamonedas, es la décima plaza a nivel nacional con mayor número de máquinas.
La obligación taxativa que impuso la Contraloría a los municipios a fines de 2016, llegó tarde. Cifras de la Asociación Chilena de Casinos de Juego (ACCJ) indican que actualmente existen cerca de 330 mil tragamonedas operando al margen de la ley en el país. Cifra conservadora comparada con las más de 700 mil máquinas que la FIDEN asegura están funcionando. Una cantidad que hay que poner bajo escrutinio, pues CIPER recogió opiniones de expertos que aseguran que los números que exhibe el gremio –máquinas, ingresos y puestos de trabajo– están “inflados” para convencer a las autoridades de la urgencia de legislar sobre esa actividad.
Sea cual sea el guarismo, lo cierto es que ambas opciones sobrepasan con creces los 180 mil tragamonedas existentes en la totalidad de los casinos de Las Vegas (Estados Unidos), capital mundial de las apuestas que cuenta con una población flotante de 47 millones de personas al año.
DUDOSOS PERITAJES
Hasta antes del dictamen de la Contraloría, la nómina de peritos no reconocidos por la SCJ que firmaron informes con los que distintas municipalidades validaron la explotación de tragamonedas en sus comunas, es extensa. Pero hay nombres que se repiten.
CIPER detectó permisos de patente para la explotación de tragamonedas en los que figura la extinta Universidad del Mar como autora de peritajes que abrieron la puerta para la instalación de decenas de locales de juego.
Uno de los que ocupó en reiteradas ocasiones esos informes para impulsar su negocio fue el hasta hace poco miembro del directorio de la FIDEN, Carlos Verdugo Zenteno, condenado en 2016 por operar clandestinamente 76 máquinas tragamonedas en Valdivia. Además de esa comuna, el negocio de Verdugo se extiende a La Unión, Osorno y Puerto Montt, municipio que el 29 de agosto de 2012 le otorgó patente de manera simultánea a tres locales de Verdugo para explotar tragamonedas teniendo a la vista peritajes de la Universidad del Mar.
El mismo día, pero un año antes, otro ex director de la FIDEN, René Sepúlveda Vera, también consiguió con peritajes de esa casa de estudios patentes para explotar cuatro locales en Puerto Montt. En ambos casos, los decretos están firmados por el ex alcalde y hoy senador Rabindranath Quinteros (PS), miembro de la Comisión de Gobierno Interior del Senado que el 20 de agosto pasado votó a favor de regular ese negocio.
Otro perito que aparece en varias autorizaciones de patentes municipales de juego en distintas comunas de Chile, es un ex miembro de la Brigada del Cibercrimen de la Policía de Investigaciones (PDI), Vladimir Covarrubias Llantén. Su idoneidad como perito fue cuestionada por la SCJ:
“No cuenta con los medios técnicos y científicos indispensables, ni con el personal idóneo, para la certificación de estándares técnicos para máquinas de azar” (informe de febrero de 2013).
Las alertas de la SCJ sobre el “perito” Vladimir Covarrubias no fueron atendidas. Prueba de ello es que el 11 de agosto de 2014, la Municipalidad de Santa Cruz otorgó siete patentes municipales para la explotación de tragamonedas con peritajes firmados por el ex PDI.
Mismo cuestionamiento de la SCJ recayó también en 2013 sobre otro habitual certificador de tragamonedas: Julián Busques Vivanco. Municipios como San Miguel, Constitución, Quillota y Temuco han aprobado la instalación de cientos de tragamonedas con peritajes de Busques Vivanco. Todos ellos con posterioridad a la circular de la superintendencia en la que se lo invalida como perito.
La manga ancha de los municipios para la proliferación de los tragamonedas tiene una explicación. A las municipalidades se les abrió el apetito y, además del cobro de la patente, decidieron agregar una suma extra por cada máquina instalada. Municipalidades como Paillaco, Cauquenes, Temuco, Estación Central, Independencia, Cerro Navia, San Joaquín, Valparaíso, La Calera y varias más a lo largo de todo Chile, incluyeron ese pago en sus ordenanzas municipales.
Un documento de la Municipalidad de Valparaíso del 26 de agosto de 2011, indica:
“Permiso para tenencia de máquinas de juegos electrónicos de habilidad o destreza: 1,5 UTM por máquina”.
Un estudio elaborado por la Universidad Católica por encargo de la Superintendencia de Casinos y Juegos, indica que en 2016 Valparaíso contaba con 795 máquinas en funcionamiento, repartidas en 24 salas de juego.
El mismo catastro muestra a municipios con el doble de máquinas. En Temuco, por ejemplo, se contabilizaron 1.306 tragamonedas. Una ordenanza de ese municipio de enero de 2011, instruyó el cobro de 0,5 UTM semestral por cada una. En Estación Central, comuna con la mayor cantidad de tragamonedas de todo Chile (1.615, uno cada 91 personas), hasta mayo de 2011 percibía hasta 2 UTM por máquina instalada.
Otra ordenanza, del municipio de La Calera que cuenta con 745 máquinas, fijó el cobro en 1 UTM semestral. En Independencia (con 737 tragamonedas), se llegó a cobrar hasta 5 UTM por máquina.
A propósito del cobro de esas 5 UTM en Independencia, la Contraloría volvió a arremeter. En agosto de 2014 prohibió todo pago extra a la patente, y en el mismo dictamen obligó a los municipios a restituir a los propietarios de las máquinas los dineros percibidos “indebidamente”. No todas las municipalidades acataron el instructivo.
“El permiso semestral para cada una de las máquinas corresponde a 1,5 UTM y se paga los meses de enero y julio de cada año”, dice la nueva ordenanza municipal de Pedro Aguirre Cerda, emitida el 4 de julio pasado (ver aquí). Otro de los municipios que mantiene vigente ese cobro es Cerro Navia: hasta 45 UTM semestrales por cada 25 máquinas en funcionamiento (ver aquí). En esa comuna existen más de 800 máquinas.
El 13 de septiembre, La Tercera informó que funcionarios de la Brigada de Delitos Económicos (BRIDEC) de la PDI se llevaron de al menos 20 municipios archivos con las patentes comerciales otorgadas para la explotación de tragamonedas (y correos electrónicos). Independencia, Estación Central, Puente Alto, San Bernardo, Pudahuel, El Bosque, Antofagasta, Rancagua, La Serena, Puerto Montt, Ovalle y Talca, fueron algunos de los municipios allanados. Los documentos ahora forman parte del expediente de la investigación a miembros de la FIDEN por el eventual delito de lavado de activos.
FRENTE DE ATAQUE
A fines de mayo de 2012, Francisco Javier Leiva abandonó la Superintendencia de Casinos y Juegos. A nadie le extrañó que iniciara una apuesta personal como consultor en distintos países de la región. Asesoró a los gobiernos de Colombia y Guatemala para elaborar una ley que regulara la industria de juegos. También a inversionistas privados que buscaban operar casinos municipales.
El fichaje del ex superintendente en marzo de 2013 como asesor estratégico de la FIDEN tuvo como propósito desarrollar un “proyecto de ley” que siente las bases de la legalización del negocio. Así de claro fue el presidente del gremio, Sebastián Salazar Bastidas (Foto) , en su presentación en 2014 ante el Concejo Municipal de Temuco, la tercera comuna con más tragamonedas a nivel nacional:
“La FIDEN ha estado impulsando que se establezca un marco legal definido para el desarrollo de esa actividad (…) el proyecto de ley ha sido desarrollado por el ex superintendente de Casinos y Juegos, don Francisco Javier Leiva”.
Para entonces, con su proyecto bajo el brazo, Leiva lideraba el frente de ataque del gremio ante distintas autoridades para presionar por la regulación de los tragamonedas. CIPER contabilizó más de una decena de reuniones con parlamentarios y alcaldes a las que ha asistido Leiva como lobista acompañado de los directivos de la FIDEN. Los mismos que hoy son indagados por presunto lavado de activos. Además del Congreso y municipios, las visitas de Leiva se han extendido a los ministerios de Interior, Hacienda y Secretaría General de la Presidencia.
Una de las últimas reuniones del ex superintendente tuvo lugar el 13 de julio pasado en Teatinos 120. Leiva, acompañado del ex alcalde Pablo Zalaquett –también lobista de la FIDEN y allanado por instrucción de la Fiscalía Oriente– se reunió con el subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno, quien preside el Consejo Resolutivo de la Superintendencia de Casinos y Juegos. El registro en la plataforma de lobby de la entidad pública indica vagamente el motivo de la visita: “análisis de la situación actual de políticas públicas y el mercado laboral”.
La indagación de CIPER indica que Leiva y Zalaquett le plantearon al subsecretario el efecto negativo que tendría en el mercado laboral que se declaren ilegales las máquinas tragamonedas.
En distintas intervenciones frente a autoridades, la FIDEN ha insistido en que son cerca de 200 mil familias las que dependen económicamente de esta actividad. Cifras que chocan con las que arrojó el estudio de la Universidad Católica (encargado por la SCJ) que catastró las comunas con mayor presencia de tragamonedas en el país. Allí se establece que desde el punto de vista del empleo, la actividad no resulta sensible:
“Una suposición generosa de dos empleados por salón en promedio, permite suponer que el total de empleo generado por estos locales no debe sobrepasar las 2.654 personas”.
EL NEXO DC
El 20 de agosto pasado marca un hito en la agenda de la FIDEN: la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización del Senado aprobó la idea de regular el funcionamiento de las máquinas de juego. Un logro que lleva la huella de la estrategia diseñada por Francisco Javier Leiva. Al lobby diseñado por Leiva y desplegado por la FIDEN se sumaron otros rostros.
Tal como reveló La Tercera, al equipo de lobistas se sumó el abogado, ex embajador y asesor parlamentario, Carlos Tudela Aroca (DC). Tudela ha estado bajo la lupa del Ministerio Público en la investigación por el financiamiento ilegal de la política y por las graves irregularidades en los millonarios contratos de la Junaeb.
Carlos Tudela Aroca
La indagación de CIPER indica que otra pieza clave de ese frente de ataque fue el abogado Eugenio Ravinet Muñoz (DC). El ex director del INJUV y coordinador territorial de la campaña presidencial de Carolina Goic (DC) en 2017, fue contratado por la FIDEN como lobista entre diciembre de 2014 y mayo de 2015.
En ese período Ravinet registra cerca de una decena de reuniones con parlamentarios y autoridades de gobierno. Entre ellos, el entonces superintendente de la SCJ, Renato Hamel; el diputado Matías Walker (DC) y, en dos oportunidades, con la senadora Ximena Rincón (DC), una de las impulsoras del proyecto de ley de 2013 para regular las máquinas tragamonedas. El ex director del INJUV también sostuvo reuniones con parlamentarios del Frente Amplio y la UDI.
Ravinet indicó a CIPER que su asesoría para la FIDEN se limitó a esas audiencias y con un objetivo: promover la regulación de los tragamonedas.
Ravinet es socio de Freddy Ponce Badilla (PS), ex gerente de Asuntos Públicos de Imaginacción (consultora de Enrique Correa), en KOM Soluciones, la que también se dedica a las comunicaciones estratégicas. Ponce fue seremi metropolitano de Planificación, asesor del diputado Marcelo Díaz (PS) y administrador electoral de la campaña senatorial de Fulvio Rossi en 2009, otro de los autores del proyecto de 2013 para legalizar la actividad.
En abril de 2015, Ponce y Ravinet fueron recibidos en el Congreso por Andrés Zaldívar (DC). El motivo: conocer la posición del entonces senador sobre “la regulación de las máquinas tragamonedas”.
Los vínculos de la FIDEN con dirigentes de la Democracia Cristiana no se agotan allí. Dos de los directivos de esa asociación gremial, Sebastián Salazar Bastidas y Alberto Hadad Abuhadba, comparten propiedad en una imprenta –Quizapú Limitada– con el ex intendente de La Araucanía y candidato a diputado en 2017 (no resultó electo), Andrés Jouannet Valderrama (militante DC hasta hace poco).
Cabe recordar, que es precisamente en La Araucanía donde está la tercera mayor plaza de tragamonedas de calle: Temuco, con 50 salas de juego y más de 1.300 máquinas. Otras comunas de esa región que concentran una alta oferta de tragamonedas son Villarica y Angol, con 532 y 252 máquinas, respectivamente.
Jouannet indicó a CIPER que Quizapú se disolvió en octubre de 2017 y que nunca tuvo movimiento. Dijo también que con Salazar y Hadad lo une una antigua relación de amistad y que mientras fue intendente de La Araucanía jamás le tocó intervenir en temas relacionados con tragamonedas, “porque eso le corresponde a las municipalidades, no a la intendencia”.
En la investigación a miembros de la FIDEN que lleva la Fiscalía por un presunto lavado de activos, otro de los nombres que saltó al ruedo fue el del ex diputado Aldo Cornejo (DC), quien también ha bregado por una regulación para los tragamonedas. Según informó La Tercera, Carlos Tudela habría concertado reuniones entre la FIDEN y el ex parlamentario, además del envío de minutas. Cornejo reconoció las reuniones, no así la recepción de minutas. También descartó haber recibido dineros por cualquier vía de la FIDEN para su frustrada campaña senatorial de 2017.
LÍOS JUDICIALES
El 13 de enero de 2015, miembros de la FIDEN asistieron a la Cámara de Diputados a presentar sus demandas ante la Comisión de Economía, Fomento y Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Uno de sus argumentos fue que la falta de regulación y las imprecisiones jurídicas, habían abierto una puerta para la entrada al negocio de “inescrupulosos que se instalan subrepticiamente y operan en la ilegalidad”.
El dato que se omitió en esa cita, fue que en la última década varios miembros de la FIDEN, incluso de su directiva, han sido investigados por la justicia y la Contraloría, justamente por operar en la ilegalidad.
En enero de 2013, la Fiscalía de Valdivia ordenó investigar a tres administradores de recintos con tragamonedas que operaban en el centro de esa ciudad. Uno de ellos fue el ex director de la FIDEN, Carlos Verdugo Zenteno, uno de los pesos pesados que controla ese negocio en varias comunas del sur del país.
Verdugo tenía al menos 76 tragamonedas funcionando de manera clandestina en un local de Valdivia que no contaba con patente para esa actividad. En julio de ese año, la PDI incautó las máquinas y a través de una pericia determinó que eran de azar. Verdugo y los otros dos imputados, fueron formalizados por manejar una casa de apuestas sin autorización, a lo que se sumó el delito tributario de comercio ilegal.
En tribunales, los abogados de Verdugo intentaron convencer a los jueces de que las únicas máquinas que podían ser consideradas de azar eran las que tenían un sistema aleatorio de generación de resultados (RNG).
En medio del juicio, irrumpió el estratega de la FIDEN, Francisco Javier Leiva. La defensa de Verdugo lo presentó ante los jueces en su carácter de experto:
“En Chile el único superintendente exitoso que duró siete años en el cargo y trabajó en tres gobiernos, se llama Francisco Leiva. Él fue quien redactó el catálogo de juego y explicará en qué consiste el RNG”.
La estrategia de defensa resultó infructuosa y Verdugo fue condenado por el delito de casino ilegal.
En mayo de 2009, otro ex directivo de la FIDEN, Carlos Clavijo Zepeda, fue condenado por un tribunal de Antofagasta al pago de una multa por operar máquinas tragamonedas sin la autorización legal.
En 2016, la Contraloría detectó que la sociedad Atmel Parts, perteneciente al actual dirigente de la FIDEN, Alberto Hadad Abuhadba, explotaba 39 máquinas de azar en un local del centro de Arica que había sido clausurado un año antes y cuya patente comercial solo correspondía a “internet y salón de juegos electrónicos infantil”.
Hadad, hijo del ex embajador de Chile en Ecuador, Nelson Hadad (ex militante DC), opera actualmente un sitio de apuestas online: Calaplay. “La participación en Calaplay es a su sola elección, discreción y riesgo”, se advierte a los usuarios. Tal como sucede con los tragamonedas de calle, la fiscalización de sitios de apuestas online en Chile es territorio de nadie.
L y B Limitada, empresa de propiedad de Isaac Latorres Ascui, otro actual directivo de la FIDEN, también figura en un reciente informe de Contraloría que fiscalizó en 2017 decenas de locales de tragamonedas en Estación Central. En el informe de junio de 2018 del ente contralor, L y B figura operando 32 máquinas sin patente municipal en un local emplazado a solo metros de un establecimiento educacional. Fuente Por Alberto Arellano y Gabriela Pizarro
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