Zona de Azar Costa Rica – Impuesto del 30% sobre la JPS Afectaría a 32 Mil Personas

Costa Rica.- 12 de febrero de 2021 www.zonadeazar.com La posibilidad de que un proyecto de ley propuesto por el Gobierno le permita restarle hasta a un 30% de las utilidades que registren las 14 empresas públicas del Estado por un período de cuatro años, afectaría a cerca de 32 mil personas en condición vulnerable, quienes son atendidas por organizaciones financiadas por la Junta de Protección Social (JPS).

Así lo señalan distintos entes de bienestar social que reciben transferencias de la JPS, y que ven en peligro el poder seguir dotando a miles de personas de atención médica, cuido, alimentos, pañales, pago de servicios públicos, alquileres, mantenimiento de instalaciones, mobiliario, entre otros.

En total, más de 430 organizaciones y 500 programas sociales son actualmente beneficiadas por la JPS, cuyos presupuestos dependen entre un 60% y 80% de ese sostén económico, por lo que una reducción en los dineros de los que dispone la Junta para estos programas podría incluso significar su cierre técnico, agregan.

El proyecto “Ley de Aporte Solidario y Temporal Sobre la Utilidad de las Empresas Públicas al Pueblo Costarricense para el Ajuste Fiscal”, se tramita bajo el expediente 22.384 y se encuentra incluido dentro del ajuste fiscal negociado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El texto de ley se presentó el 22 de enero pasado en la corriente legislativa, con la intención de que Hacienda pueda recaudar al menos un 0,2% del Producto Interno Bruto (PIB) cada año por esta vía.

“El propósito de esta iniciativa es que, por un periodo de cuatro años, se aplique un aporte solidario sobre la utilidad de las empresas públicas después del pago de impuestos y cualquier otra carga, para que sea girado al Estado Costarricense, para atender el pago del servicio de la deuda (amortización e intereses)”, se lee en el expediente legislativo.

Según datos de la JPS, en el 2019 las utilidades de la institución alcanzaron los ₡39.787 millones. Para el 2020, por su parte, la institución proyectó un total de ₡38.814 millones; sin embargo, el impacto de la pandemia y la suspensión de sorteos o su frecuencia, disminuyó la cifra a ₡24.885 millones, los cuales fueron trasladados a las diferentes organizaciones beneficiadas.

Pero este no es el único proyecto que pondría en aprietos a la institución, pues el Ejecutivo incluyó también dentro de la agenda de acuerdo con el FMI la “Ley Impuesto Especial Sobre los Premios de Lotería y Otros Juegos de Azar que Venda, Distribuya o Comercialice la Junta de Protección Social”, el cual propone un impuesto del 25% a todos los premios de la JPS que tengan un valor superior a medio salario base, lo que equivale a ₡231.100

De acuerdo con el proyecto de ley, el rendimiento esperado en recaudación es de 0,09% del PIB.No obstante, este impuesto especial provocaría también que más personas se vean atraídas por la lotería ilegal, afirman organizaciones consultadas.

De acuerdo con estimaciones de la Comisión para la Defensa de la Junta de Protección Social, la institución, de aprobarse este impuesto especial, vería sus ganancias afectadas hasta en un 40%.

Preocupación
El administrador del Centro Diurno El Tejar, Eduardo Méndez, ve con preocupación estos proyectos de ley, los cuales se suman al embate económico generado a raíz de la pandemia por COVID-19, y que ya afectaba el funcionamiento de las distintas organizaciones de bienestar social.

“Estos proyectos de ley nos preocupan un montón. La JPS a estas organizaciones le provee entre el 60% y 80% de presupuesto, si entra a regir el impuesto del 25% en la lotería o la aplicación de un 30% sobre las utilidades, nosotros nos veríamos afectados 100%. Si yo hoy recibo anualmente 10 millones de colones para atender a 100 personas, el próximo año podría recibir cinco millones y decidir atender a 50 personas, pero ¿qué va a pasar con las otras 50 personas? Vamos a tener adultos mayores viviendo en las calles, gente muriendo en condición de indignidad y podríamos tener más abusos a mujeres”, externó Méndez.

“Podríamos tener un caos social severo. Nosotros no nos oponemos a que el Estado acuda al Fondo Monetario Internacional, eso es ilógico. El tema es ¿qué va a hacer el Gobierno si va a afectar a la JPS que es la entidad que le brinda sostenibilidad financiera a las organizaciones de bienestar social?”, agregó.

En el caso de este centro diurno, la pandemia los obligó prescindir del personal operativo; ahora solo cuentan con cinco personas contratadas en el área de psicología, terapia ocupacional, terapia física y medicina, quienes tienen jornada al 50%.

Méndez destacó que actualmente el centro diurno atiende a 156 adultos mayores. Sin embargo, el impacto de estos proyectos de ley disminuiría la cifra. “Si no puedo hacer bingos, bailes y otros por la pandemia, necesariamente vamos a tener que echar solo mano de los recursos que nos va a dar la JPS y eso me alcanza solo para 40 personas”.

Cierre técnico

Por su parte, la coordinadora del hogar de larga estancia Fundación Hogar Madre Bertha, Yolanda Benavides, externó que el perjuicio en las distintas organizaciones de bienestar social, podría implicar incluso su cierre.

“Tocar a la Junta de Protección Social es atentar contra el derecho que tiene nuestra población más vulnerable: adultos mayores, niños y personas con discapacidad. Tenemos que defender a la Junta, porque si esto llega a pasar muchas organizaciones de bien social van a cerrar”, destacó Benavides.

“Necesitamos que el Estado comprenda que la Junta de Protección Social viene a hacer el trabajo social que es del Estado, y que meterle impuestos a la JPS es minar sus mismos programas sociales que son responsabilidad del Estado. Es como agarrar una daga y clavársela a sí mismo. Ya la estamos viendo mal y si esto pasa, acuerdese de mi de que vamos a ver más adultos mayores en vía pública, en indigencia, en abandono”, añadió.

Este hogar beneficia a 40 adultos mayores en condición de abandono o en riesgo social, y depende en un 80% del sostén de la JPS. Benavides destacó también que por la pandemia tuvo que prescindir de los servicios de nutrición y psicología.

“¿Quién sabe qué va a pasar el otro año? Si la pandemia nos hizo el daño actual, eso nos va a obligar a cerrar (…) Para nosotros no recibir recursos de la JPS es no comprar medicamentos para control de esquizofrenia, tendríamos personas con deterioro cognitivo y sin tratamiento”, indicó.

El Centro Diurno de San Cayetano, por ejemplo, no abrirá más sus puertas, debido al impacto de la pandemia, pues no puede adaptar sus instalaciones a la nueva modalidad de atención.

Problemas con alimentación

La coordinadora del Centro Diurno de Pavas, Martha Ureña, destacó que en su caso, la pandemia hizo que se tomaran medidas en cuanto a la alimentación. La organización atiende a 40 personas y depende en un 60% de la JPS.

“Hemos llegado al extremo de decir ´vamos a dar cuatro días carne y el quinto día no´, y cuidado y no llegamos a solo tres días con proteína animal. Estamos mal, y estamos muy callados”, indicó Ureña.

La coordinadora externó que se encuentra muy molesta, pues el Gobierno está perjudicando en sobremanera a los adultos mayores.

“Estoy muy molesta. El gobierno está queriendo echar mano a cualquier cosa para hacer valer su gestión y es injusto que nos esté pasando a costa de nuestros adultos mayores. Aquí vamos a hacer una gran lucha para que esto se revierta”, destacó.

Tanto Ureña como Méndez alegaron también que una eventual aprobación del impuesto especial sobre los premios de lotería otorga una ventaja competitiva a los juegos clandestinos.

“Dice el Gobierno que ellos pueden controlar la venta ilegal de lotería pero, si no pudieron con los UBER, ¿cómo van a controlar la lotería ilegal? Aquí en Pavas cada cuatro casas venden lotería clandestina. Ellos pagan más, son muy puntuales y responsables, y están trabajando con el SINPE móvil”, agregó Ureña.

De acuerdo con las Comisión para la Defensa de la Junta de Protección Social, las ganancias de los juegos clandestinos en los últimos tres años han tenido un crecimiento del 75%. Solo en el 2020 se movieron un total de ₡175.000 millones por ese concepto.

Otras organizaciones como el Hogar de La Esperanza, que atiende a personas con VIH; la Asociación de Caminemos Juntos (Ascaju) que ofrece cuidados paliativos; y la Asociación Seres de Luz, que atiende a personas jóvenes adultas con discapacidad; también mostraron su preocupación.

JPS: Analizan diferentes rutas

Consultada sobre el impacto que podría tener la posible aprobación de estos proyectos de ley, la presidenta de la JPS, Esmeralda Britton, indicó que aún se encuentran haciendo las estimaciones.

Agregó que están analizando junto al Ejecutivo distintas rutas para no afectar de forma negativa la protección social, pero tampoco reveló las estrategias que se encuentran evaluando.

“Nosotros hemos venido trabajando con Hacienda y Presidencia porque la Junta entiende que el Gobierno lógicamente necesita de ingresos frescos para poder cubrir los problemas de la deuda pública y para eso ha presentado algunos proyectos, incluyendo estos que tienen con la JPS”, respondió.

“En ese sentido lo que estamos haciendo es tratar de que los procesos no afecten de forma negativa la protección social. En ese sentido, estamos valorando cuáles pueden ser las mejores rutas para que las propuestas de estos temas impositivos se puedan lograr sin afectar la protección social, que es la misión que tiene la Junta”, destacó Britton.

Sobre la preocupación de las organizaciones, la presidenta de la entidad indicó que aún no deben entrar en pánico, y que la JPS se encuentra ocupándose de la situación.

“Yo diría que no hay que entrar en pánico. La Junta de Protección Social siempre va a velar porque la protección social no sea afectada, y en eso estamos en ese momento. Esto no es una situación que se esté dando en este momento […] Estamos buscando las mejores soluciones para evitar que ellos sufran ese impacto”, agregó.

La presidenta hizo hincapié en que existe también el proyecto de ley 21.632 llamado “Prohibición de actividades relacionadas con loterías y juegos de azar no autorizados por la Junta de Protección Social y que afectan las utilidades para financiar programas sociales”, el cual impulsan desde la JPS, y que de aprobarse hará que la institución genere mayor cantidad de recursos.

“Al final de cuentas, la venta ilegal es la que afecta a la Junta de Protección Social. Tenemos datos, según un estudio del 2019, de que la venta ilegal superó el 47% del mercado de las loterías. Estamos hablando de alrededor de ₡233 mil millones que se llevan ellos”, indicó.

“Es una venta que no paga impuestos, que no aporta al bien social. Por eso estamos impulsando el proyecto de ley que está en la Asamblea Legislativa para que se apruebe y podamos desde la junta obtener mayores recursos, crear conciencia en la gente; de que si compra un pedacito de lotería aporta al bien social, pero no si lo hace con los de la acera de la frente”, finalizó.

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Editó: @MaiaDigital www.zonadeazar.com