Asociaciones Preparan Acciones ante el STF Contra la Prohibición de Bets
Brasil.- 29 de Septiembre de 2026 | www.zonadeazar.com Las principales asociaciones que representan a empresas del mercado brasileño de apuestas preparan una ofensiva judicial ante el Supremo Tribunal Federal, STF, contra la Medida Provisoria 1.394/2026, que prohibió las apuestas de cuota fija en todo el territorio nacional.
La iniciativa involucra a entidades como la Associação Nacional de Jogos e Loterias, ANJL, y el Instituto Brasileiro de Jogo Responsável, IBJR, además de otras organizaciones vinculadas con el sector regulado.
En lugar de abrir necesariamente un nuevo proceso, las asociaciones analizan intervenir dentro de acciones de inconstitucionalidad que ya tramitan ante el Supremo y que cuentan con relatores definidos.
Medida Provisoria 1.394
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva firmó el 25 de septiembre de 2026 la Medida Provisoria 1.394.
La norma prohíbe en todo Brasil:
- La explotación de apuestas de cuota fija.
- La oferta de apuestas.
- La intermediación.
- La publicidad.
- Las apuestas deportivas.
- Los juegos online comprendidos dentro del régimen de cuota fija.
La prohibición también alcanza a agentes instalados fuera de Brasil cuando ofrecen productos a personas ubicadas dentro del territorio nacional.
Alcance Nacional
La MP alcanza no solamente a las autorizaciones concedidas por el Gobierno federal.
También establece la extinción de concesiones, permisos y autorizaciones estaduales y distritales relacionadas con apuestas de cuota fija.
Las demás modalidades lotéricas legalmente autorizadas permanecen fuera de la prohibición.
Fin de Nuevos Depósitos
La prohibición comenzó a producir efectos desde la publicación de la norma.
A partir del 25 de septiembre quedaron impedidos nuevos aportes de recursos a las cuentas de apuestas.
Los usuarios pueden utilizar el período de transición para retirar los saldos disponibles en las plataformas.
Sitios Fuera del Aire el 6 de Octubre
El calendario oficial establece que los sitios y aplicaciones de apuestas deberán dejar de operar en Brasil a partir del 6 de octubre.
Los jugadores tienen hasta las 23:59 del 5 de octubre para retirar voluntariamente los recursos disponibles.
Posteriormente comenzará un procedimiento coordinado con instituciones financieras para devolver saldos remanentes.
Publicidad y Patrocinios
La contratación de nueva publicidad, patrocinio o promoción comercial del sector quedó prohibida inmediatamente.
Las campañas contratadas antes de la publicación de la MP pueden permanecer hasta el período de transición establecido por el Gobierno.
La medida afecta especialmente a un mercado que había construido una presencia comercial significativa dentro del deporte y de los medios brasileños.
Preparación de Acciones ante el STF
Las asociaciones del sector prevén acudir al Supremo en los próximos días.
La estrategia analizada consiste en presentar nuevas manifestaciones dentro de cuatro acciones directas de inconstitucionalidad que ya se encuentran en trámite.
El objetivo sería utilizar procesos existentes relacionados con el marco regulatorio de las apuestas y competencias federativas para cuestionar los efectos de la nueva MP.
Sin Nuevo Proceso en un Primer Momento
La estrategia no exige necesariamente iniciar una acción completamente independiente.
Las asociaciones pretenden utilizar causas que ya cuentan con relatores y antecedentes documentales.
Esto puede permitir que determinados argumentos sean analizados dentro de procesos que el STF ya conoce.
Acciones Sobre la Ley 14.790
Una de las discusiones existentes ante el Supremo se relaciona con la constitucionalidad del marco normativo aprobado para las apuestas.
La Ley 14.790/2023 fue una de las principales bases jurídicas utilizadas para la implementación del mercado federal regulado.
Entidades del sector ya participan como interesados o amici curiae en procesos vinculados con esa legislación.
Loterías Municipales
Otra discusión abierta ante el STF está relacionada con el alcance de las loterías municipales.
La definición de qué niveles de gobierno pueden autorizar y explotar determinadas modalidades ha generado diferentes procesos judiciales.
La MP 1.394 añade una nueva dimensión a ese debate debido a su alcance sobre autorizaciones fuera de la esfera federal.
Loterj
También existen acciones relacionadas con la actuación de plataformas acreditadas por la Loteria do Estado do Rio de Janeiro, Loterj, fuera del territorio fluminense.
La relación entre competencias estatales y federales ya venía siendo discutida antes de la prohibición nacional.
La nueva norma puede modificar parte de ese contexto jurídico.
Relatores en el Supremo
Los procesos identificados por las asociaciones cuentan con diferentes relatores dentro del STF.
Entre los ministros vinculados con estas causas se encuentran Luiz Fux, Kassio Nunes Marques y André Mendonça.
La estrategia judicial dependerá de la materia específica discutida en cada acción.
ANJL e IBJR
La ANJL y el IBJR aparecen entre las principales organizaciones movilizadas contra la prohibición.
Ambas entidades venían defendiendo el mantenimiento del mercado regulado antes de la publicación de la MP.
Después de la firma presidencial, el debate se trasladó de las advertencias políticas hacia una posible disputa constitucional.
Manifesto Previo
Días antes de la prohibición, distintas asociaciones habían publicado el manifiesto “Nós Apostamos no Brasil”.
El documento defendía la continuidad del mercado regulado y advertía sobre riesgos que, según las entidades, podrían surgir de una prohibición total.
La publicación anticipó una posición coordinada de diferentes asociaciones del sector.
Debate Sobre Constitucionalidad
Las entidades pretenden cuestionar si una Medida Provisoria puede extinguir de esta manera un mercado cuya estructura legal había sido previamente aprobada por el Congreso.
La discusión puede involucrar:
- Seguridad jurídica.
- Protección de inversiones.
- Alcance del artículo 62 de la Constitución.
- Derechos derivados de autorizaciones.
- Competencias federativas.
- Proporcionalidad de la medida.
- Tratamiento de contratos vigentes.
Estos serán argumentos sometidos a valoración judicial y no existe todavía una decisión del STF sobre la constitucionalidad de la MP 1.394.
Ley Aprobada por el Congreso
La industria destaca que el mercado había sido estructurado sobre normas aprobadas por el Congreso y sancionadas por el propio Ejecutivo.
Las empresas sostienen que tomaron decisiones de inversión basándose en ese marco.
El Gobierno, por su parte, fundamentó la extinción de las autorizaciones en razones de interés público.
Outorgas de R$30 Millones
Uno de los principales puntos del conflicto es el dinero abonado por las empresas para obtener autorización.
Cada outorga federal tuvo un valor de R$30 millones.
La autorización había sido concedida para operar durante cinco años, desde 2025 hasta fines de 2029.
R$2.550 Millones Recaudados
El Gobierno informó que se concedieron 85 outorgas.
Con un valor de R$30 millones cada una, las autorizaciones representaron aproximadamente R$2.550 millones pagados por las empresas.
La MP establece que la extinción por interés público no genera derecho automático a devolución total o parcial de esos valores.
Sin Devolución Prevista
La norma establece expresamente que la extinción de las autorizaciones no genera derecho a indemnización por:
- Lucro cesante.
- Inversiones realizadas.
- Expectativa de continuidad.
- Devolución de la outorga.
Este punto será uno de los principales argumentos de la disputa entre asociaciones y Gobierno.
Posible Pedido de Resarcimiento
La ANJL anticipó que una eventual reclamación no necesariamente se limitaría a los R$30 millones pagados por cada licencia.
La entidad plantea que también podrían discutirse inversiones realizadas por las empresas durante la implementación del mercado.
Entre ellas aparecen infraestructura, tecnología, contratación de personal, marketing, compliance y acuerdos comerciales.
Declaraciones de Plínio Lemos Jorge
Plínio Lemos Jorge, presidente de la ANJL, sostuvo que las outorgas representaban una contraprestación pagada por las empresas para explotar el servicio durante cinco años.
El dirigente señaló que una eventual demanda de resarcimiento podría incluir tanto el valor de las autorizaciones como daños materiales relacionados con las inversiones realizadas.
Estas afirmaciones corresponden a la posición jurídica defendida por la asociación y deberán ser evaluadas por los tribunales si se formalizan las acciones.
Seguridad Jurídica
El IBJR también concentró sus críticas en la previsibilidad del marco regulatorio.
La entidad argumenta que empresas nacionales e internacionales realizaron inversiones basadas en autorizaciones concedidas por el propio Estado.
La discusión sobre seguridad jurídica puede convertirse en uno de los principales temas del proceso ante el Supremo.
Declaraciones de Carlos Lima
Carlos Lima, presidente del IBJR, criticó el mecanismo utilizado por el Gobierno para extinguir el mercado regulado.
El dirigente cuestionó qué señal puede generar la decisión para otros inversionistas que operan en sectores sujetos a autorizaciones públicas.
Nuevamente, se trata de la posición institucional del IBJR dentro del conflicto y no de una conclusión independiente sobre los efectos jurídicos de la medida.
Estimaciones del IBJR
El IBJR también presentó estimaciones económicas elaboradas a partir de un estudio de LCA Consultores.
Según la asociación, una prohibición total podría colocar en riesgo entre R$58.000 millones y R$73.000 millones de ingresos fiscales entre 2027 y 2030 bajo escenarios en los que entre 80% y 100% de la demanda migrara al mercado ilegal.
Estas cifras corresponden a escenarios proyectados por la industria y dependen de supuestos sobre el comportamiento futuro de los consumidores; no representan una estimación oficial del Gobierno.
Mercado Ilegal
La canalización hacia operadores no autorizados aparece como uno de los principales argumentos de las asociaciones.
Las entidades sostienen que parte de la demanda puede continuar existiendo incluso después de la prohibición.
Desde esa perspectiva, advierten que plataformas extranjeras podrían captar usuarios actualmente atendidos por el mercado regulado.
Posición del Gobierno
El Gobierno sostiene una evaluación diferente.
La MP fue presentada como una medida de interés público orientada a reducir daños asociados con las apuestas y acompañada por un paquete de protección a consumidores y familias endeudadas.
Protección de las Familias
La prohibición fue anunciada junto con otras medidas.
Entre ellas aparece una nueva etapa de Desenrola Brasil dirigida a personas físicas inadimplentes.
El Ejecutivo vinculó ambas políticas con una agenda más amplia de protección económica y social.
Salud Pública
El Ministerio de Salud también respaldó la medida con argumentos de salud pública.
El Gobierno señaló preocupaciones relacionadas con juego problemático, endeudamiento, salud mental y exposición de menores.
Estas razones forman parte de la justificación oficial utilizada para la prohibición.
Nuevas Herramientas de Fiscalización
La MP creó además el Comitê Interinstitucional de Fiscalização da Exploração e da Publicidade Ilegal de Apostas de Quota Fixa.
El organismo será coordinado por la Casa Civil.
Su objetivo será articular el trabajo de diferentes autoridades contra plataformas que continúen ofreciendo apuestas después de la prohibición.
Bloqueo de Plataformas
El Gobierno ya inició una ofensiva contra sitios que continúan ofreciendo apuestas.
El 27 de septiembre, una fuerza de tarea de los ministerios de Justicia y Hacienda informó la caída de 506 sitios con indicios de oferta irregular después de la publicación de la MP.
Anatel y Bloqueo de Dominios
La SPA continuará identificando dominios para que Anatel coordine su bloqueo.
Las acciones incluyen también:
- Retirada de aplicaciones.
- Restricción de medios de pago.
- Monitoreo de publicidad.
- Coordinación con plataformas digitales.
El nuevo modelo busca reducir las posibilidades de continuidad de operadores no autorizados.
Multas de Hasta R$2.000 Millones
El Gobierno estableció sanciones que pueden alcanzar valores elevados.
Las multas por incumplimiento pueden llegar hasta R$2.000 millones, además de otras medidas administrativas.
La severidad de las sanciones refuerza el carácter inmediato del nuevo régimen.
Proyecto de Ley Penal
Paralelamente a la MP, el Gobierno envió un proyecto de ley al Congreso para crear nuevos delitos vinculados con apuestas de cuota fija.
La iniciativa prevé sanciones penales para actividades como explotación, publicidad, facilitación financiera y suministro de aplicaciones destinadas a apuestas.
A diferencia de la MP, la creación de nuevos delitos depende de la aprobación legislativa del proyecto correspondiente.
Extinción del Mercado Autorizado
La prohibición representa un cambio estructural respecto del régimen vigente desde enero de 2025.
Empresas que habían recibido autorización federal pasarán a no poder explotar productos de apuestas de cuota fija.
Esto incluye tanto sportsbook como juegos online regulados.
Cinco Años Reducidos a Menos de Dos
Las autorizaciones habían sido concedidas con horizonte de cinco años.
La extinción anticipada se produce menos de dos años después del inicio del mercado federal plenamente regulado.
Este contraste está en el centro del argumento empresarial sobre previsibilidad regulatoria.
Publicidad Deportiva
La decisión también afecta directamente los acuerdos comerciales con clubes y competiciones.
Las nuevas contrataciones quedaron prohibidas y las existentes deben ser retiradas según el cronograma de transición.
Esto obliga a revisar contratos de patrocinio y activos de marca vinculados al deporte.
Clubes y Otros Socios
El impacto no se limita a los operadores.
También puede alcanzar:
- Clubes deportivos.
- Medios.
- Agencias de publicidad.
- Afiliados.
- Influencers.
- Proveedores tecnológicos.
- Plataformas.
- Empresas de pagos.
La velocidad de la transición aumenta la importancia de interpretar correctamente las obligaciones aplicables a cada actor.
STF Como Próximo Escenario
El Supremo se convierte ahora en uno de los principales espacios donde se definirá el futuro inmediato de la norma.
Las asociaciones buscarán que la Corte evalúe la compatibilidad constitucional de la prohibición y de sus efectos sobre las autorizaciones existentes.
No existe todavía una decisión definitiva del STF sobre la MP 1.394.
Antecedente de Minas Gerais
El sector llega a esta disputa después de una decisión reciente del ministro Flávio Dino relacionada con publicidad de apuestas en Minas Gerais.
El magistrado rechazó suspender un decreto estatal que restringía anuncios en bienes y eventos públicos del estado.
Sin embargo, ese caso tenía un alcance material diferente y no resolvió la constitucionalidad de una prohibición nacional de las apuestas.
ANJL ya Tiene Experiencia en el STF
La ANJL ya participa en distintas causas sobre regulación de apuestas.
En agosto de 2026, el STF admitió a la organización como amicus curiae en un proceso relevante relacionado con el marco del sector.
Este antecedente facilita su participación institucional en debates constitucionales sobre gaming.
Debate Sobre Medida Provisoria
El instrumento elegido por el Ejecutivo también será parte del análisis.
Una Medida Provisoria tiene fuerza de ley desde su publicación, pero debe ser posteriormente analizada por el Congreso para mantener sus efectos.
El STF puede, paralelamente, analizar impugnaciones sobre su constitucionalidad.
Congreso Nacional
Además de la batalla judicial, la MP deberá pasar por el proceso político previsto para las medidas provisorias.
Diputados y senadores podrán debatir su contenido.
El resultado legislativo y la eventual actuación del STF constituyen procesos distintos que pueden avanzar simultáneamente.
Política Regulatoria
La controversia representa un cambio drástico de orientación.
Brasil pasó de implementar un mercado regulado federal en 2025 a prohibir la vertical mediante una Medida Provisoria en septiembre de 2026.
Esta transformación obliga a operadores, inversionistas y reguladores a revisar estrategias desarrolladas durante los últimos años.
Contexto del Sector
La industria brasileña entra en una etapa de elevada incertidumbre jurídica.
La norma está vigente y el calendario de cierre ya comenzó, pero las asociaciones preparan cuestionamientos judiciales y el Congreso todavía deberá analizar la MP.
Por lo tanto, la discusión sobre el futuro de las bets se desarrollará simultáneamente en los ámbitos administrativo, legislativo y judicial.
Próximos Pasos o Impacto
El próximo movimiento será la formalización de las acciones de ANJL, IBJR y otras entidades ante el STF.
Las asociaciones pretenden utilizar procesos existentes para cuestionar la constitucionalidad de la prohibición, la extinción de las autorizaciones y el tratamiento de las outorgas.
Mientras tanto, la MP continúa vigente.
Los operadores no pueden recibir nuevos depósitos y deben preparar el cierre de sus sitios y aplicaciones para el 6 de octubre, salvo que exista una nueva decisión legislativa o judicial que modifique ese calendario.
La disputa sobre los R$30 millones pagados por cada autorización también puede convertirse en una de las principales controversias económicas del proceso.
Para el mercado brasileño, los próximos días serán decisivos para conocer si el STF admite los cuestionamientos, si concede alguna medida cautelar y cómo avanzará paralelamente la discusión de la MP en el Congreso.
Editó: @fonta
